El conflicto entre una empresa dedicada a extraer material pétreo, que es acusada de querer invadir las tierras de un regidor del cabildo solidarense, salpica ya a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
Específicamente a Carlos Lima Carvajal, señalado de favorecer las invasiones por parte del empresario yucateco Eduardo Solís Preciat, presidente del grupo ABC.
Del mismo modo, señalan a la juez de primera instancia Clara Loeza, en el municipio de Solidaridad, por actuar al amparo de la ley.
En consecuencia, provocan el ecocidio en un predio de más de 100 hectáreas donde se ha evidenciado la presencia de diversas especies, incluyendo el jaguar, que se encuentra dentro de la NOM-059 de la Semarnat, como especie protegida en peligro de extinción.
Carlos Lima Carvajal, cabe recordar, fue ratificado por el Congreso de Quintana Roo, como magistrado numerario, para permanecer en el cargo hasta el 2028, siendo operador del ex gobernador Roberto Borge.
La asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, interpuso un amparo en contra del Decreto número 417 por el que la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo designó a Carlos Alejandro Lima Carvajal como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Room argumentando que dicho nombramiento se realizó sin apego al orden legal y constitucional que debe regir todo acto emanado de los poderes del estado, pues no cumplió con lo que establece el artículo 101 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Sin embargo, tras dos años de batalla legal, obtiene un amparo federal que dejó sin efectos los procedimientos instaurados en su contra.
Ahora, Lima Carvajal es señalado por le regidor Marciano Toldo de operar para los intereses de Solís Preciat, el “Zar del Sascab” en el litigio con el cual se quiere adjudicar el predio Balam Tum a través de la Desarrolladora Urbana y Turística S.A. de C.V.
Lo anterior se encuentra dentro del índice de expedientes del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Quintana Roo, bajo el número de expediente 520/2017.
Para ello, han omitido el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte afectada, en este caso Toledo Sánchez, lo cual considera es un fraude procesal.
Cabe mencionar que también se inició un proceso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por la devastación que la empresa ABC realizó en el predio en disputa sin ningún permiso federal.
