El Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, aseguró que el Decreto 341 mediante el cual el Congreso busca quitarle al poder ejecutivo la Defensoría Pública viola la Constitución y compromete seriamente la totalidad de litigios y procesos en los que miles de neoleoneses están siendo defendidos.
Ante ello, señaló que los legisladores de la oposición pretenden publicar sin intervención del gobernador las leyes y reformas, lo que indicó que es muy grave y peligroso para el estado de derecho.
Navarro Velasco señaló que el Instituto de Defensoría Pública es una noble institución que, desde su creación en 2009, tiene por objeto brindar defensa jurídica gratuita y de calidad a los neoleoneses, por lo que dijo el Instituto no puede estar en manos del poder judicial, pues sería dejarlos ser juez y parte.
Agregó que con ello el poder judicial podría darle instrucciones indebidas a los defensores públicos en perjuicio de los que defienden.
“No dejemos que el poder judicial se adueñe ilegalmente de la facultad de defender a los ciudadanos, pues ellos ponen las sanciones y el instituto defiende a las personas contra esas sanciones”, indicó Navarro.
El secretario de Gobierno destacó que la designación de funcionarios, como la del Director General del Instituto de la Defensoría, es facultad exclusiva del Gobernador y de la junta de gobierno del propio instituto compuesto por funcionarios del ejecutivo y del congreso. Con información de el Horizonte