Chihuahua.- Este miércoles se definirá la situación jurídica del exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa en perjuicio del Gobierno del Estado, por un monto de 96 millones 665 mil 253.80 pesos, que fue entregado la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.´, de las cuales fue fundador, presidente y accionista mayoritario.
En audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 3041/2019, el juez de control, Humberto Chávez Allende, atenderá a los argumentos de la defensa del exmandatario, tras haber escuchado los datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante tres días.
La defensa de César Duarte, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, adelantó que solicitará al juzgador que desestime las declaraciones aportadas por testigos con identidad reservada al momento de dictar su resolución.
Los agentes del MP dieron lectura a las declaraciones ofrecidas por 57 testigos y otras siete personas que participaron en los hechos que se sujetaron a criterios de oportunidad para no ser procesados a cambio de aportar información.
Varios de los atestes, que trabajaron en la administración 2010-2016, reconocieron haber conocido o participado de los hechos ilícitos que se le atribuyen al exmandatario, sin embargo, señalaron que actuaron bajo la presión de éste, así como de su “brazo derecho”, Carlos Hermosillo Arteaga, quien ocupó cargos como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), de Administración en la Secretaría de Hacienda y de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), al mismo tiempo que también era socio de la Unión y de la Financiera.
Al concluir la exposición de antecedentes de investigación, Duarte Jáquez aseguró que volvió a Chihuahua porque consideró que era momento de hacer frente a la justicia local, pues está seguro de que se acreditará la falsedad de las acusaciones en su contra, así como se hizo con otras 19 causas penales por las que Estados Unidos decidió no girar órdenes de aprehensión con fines de extradición.
Por su parte el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, indicó que confían en que se dictará un auto de vinculación a proceso ya que el Ministerio Público presentó elementos sólidos para sustentar su acusación.
Estamos listos estamos preparados para hacerle frente a los argumentos de la defensa. Esperamos que se dé la vinculación a proceso, la carpeta está solida hay elementos bien claros, bien precisos, que vertió el Ministerio Público en la audiencia de formulación de imputación”, dijo.
Fierro Duarte sostuvo que no sólo podrán defender las declaraciones de los testigos, sino que hay otros datos probatorios que acreditan, incluso, el destino de los recursos extraídos, los cuales se usaron para pagar a empresas, personas físicas, ganado adquirido por el exgobernador, e incluso sus impuestos.
Con información del Diario