Diputados federales del PAN y del PRI denunciaron penalmente al gobernador de Nuevo León, Samuel García por los delitos de uso indebido de funciones, así como de extorsión contra los municipios por la retención del pago de participaciones federales que debieron de ser entregadas el pasado 3 de noviembre.
La querella fue presentada por María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Barrón Peralez, Marcela Guerra Castillo, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía, José Luis Garza Ochoa e Ildefonso Guajardo Villareal del PRI; y por el PAN, Héctor Castillo Olivares, Wendy Maricela Cordero González, Pedro Garza Treviño, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Mariana Mancillas Cabrera, Víctor Pérez y Pedro Salgado.
En ella, los legisladores federales detallan que de acuerdo con los plazos que establece la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado tuvo que entregar los recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2022, el primero el 3 de noviembre y el segundo para el 7 del mismo mes, pero esto no ocurrió.
Señalan que esto se debe a la pugna que tiene el Ejecutivo con el Poder Legislativo, debido a la designación del nuevo Fiscal General, pues afirmaron que el mandatario no cumplió con los plazos para ejercer presión a los diputados a través de los alcaldes.
“De tales actos se desprende que el gobernador del Estado incurrió en el delito de uso indebido de funciones al tener la obligación de depositar los ingresos provenientes de un fondo federal y negarse a entregarlo a los municipios, dándole un uso distinto al previsto por ley.
“También se denuncia la comisión del delito de extorsión, toda vez que condicionó un recurso público federal (en detrimento patrimonial del estado) a cambio de un acto que le sea beneficioso para sí mismo”, indica el documento.
Por ello, piden que se efectúen las averiguaciones correspondientes y garantizar que los municipios contarán con los recursos asignados por la federación.