Miembros del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazan las acusaciones de los Diputados de Movimiento Ciudadano, respecto a las reformas hechas a la Constitución Local y las cuales fueron aprobadas por el Congreso del Estado, sobre la adscripción orgánica del Instituto de Defensoría Pública al Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Recientemente, el Magistrado Arturo Salinas tomó el control de la Defensoría Pública.
El PRI y PAN, denuncia que el Gobernador y funcionarios públicos que forman parte de la bancada de MC, han omitido de manera ilegal y arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de una gran cantidad de decretos aprobados por el Congreso, dando como resultado la aplicación de normas que sigan sus intereses políticos.
La disputa también reside en que Movimiento Ciudadano señala el pasado político de Salinas, donde miembros del Prian afirman que su cargo actual se ha desempeñado con transparencia y legalidad.
“Hacemos un llamado a los diputados de MC a que respeten las decisiones del Poder Judicial de la Federación y dejen de manipular la ley a su conveniencia. Nuevo León necesita certeza.
“Nuestros Grupos Legislativos del PRI y del PAN reiteran su compromiso con la legalidad y el estado de derecho y confiamos en que la justicia prevalecerá en este y otros casos”, se lee en un comunicado extendido por los miembros del Congreso. Con información de el Horizonte