En medio de una pequeña manifestación, a puerta cerrada, y sin la presencia del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se llevo a cabo la asamblea para disolver a la Desarrolladora de la Riviera Maya, organismo que naciera en diciembre de 1999 con el supuesto objetivo de regularizar los 5 mil 082 lotes de la colonia Luis Donaldo Colosio, de Playa del Carmen.
El gobernador, en su carácter de jefe del ejecutivo estatal y, por ende, responsable de esta empresa que en un caso muy extraño y que siempre fue denunciado, formaba parte de la iniciativa privada, debió encabezar la asamblea, peor mandó en su representación al secretario de Desarrollo Territorial, Urbano, Sustentable (SEDETUS), Carlos Ríos Castellanos.
Tras el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizar la colonia, dado que una gran parte de los habitantes se negaban a pagar los predios a este organismo, en diciembre de 2021, se publicó un acuerdo para devolver 1 mil 200 hectáreas del Fundo de Playa del Carmen a la Federación y, con ello, dejar en manos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la tarea.
Sin embargo, como señaló el grupo de manifestantes, encabezados por el regidor Marciano Toledo Sánchez, quien también tiene un grupo social denominado «28 de Julio(, quedan pendientes varios puntos, como el destino final de los millones de pesos que se recaudaron 22 años que operó esta Desarrolladora.
Y es que, como empresa inmobiliaria, nunca dotó de servicios a esta colonia, sino que fueron recursos públicos losa que se utilizaron para meter red de drenaje y agua potable, alumbrado y pavimentación de calles y avenidas.
la Desarrolladora estaba integrada por dos partes, el Gobierno de Quintana Roo como socio principal con el 51 por ciento; y una particular, Ofelia González Whitt, como supuesta propietaria de los predios invadidos desde 1994.
Sin embargo, a la fecha la SEDATU no ha dado a conocer el mecanismo, ni los montos que cobrara para regularizar a 1 mil 978 predios que restan, toda vez que los otros 3 mil 104 la dependencia federal respetó los derechos adquiridos.
