Después de enterarme de la intervención del gobierno municipal para que la Comisión Federal de Electricidad iniciara la instalación de medidores de luz en el asentamiento irregular In House, con lo que se busca que los habitantes de dicho lugar cuenten con energía eléctrica de manera legal. Aunque desconozco los criterios legales que usó o pidió la CFE para acreditar la propiedad de los solicitantes, en general creo que traerá beneficios a esa parte de la población.
Y ya que andamos en esos temas convendría que, el gobierno municipal, también interviniera y trabajara para cambiar la tarifa de energía eléctrica en Solidaridad de 1B a 1D, como ya lo han logrado en otros municipios del Estado, como Cozumel y Othon P. Blanco en donde sus habitantes, pagan menos por dicho consumo.
Como sabemos, la CFE maneja diferentes tipos de tarifas para uso doméstico mismas que varían de precio cada mes o bimestre. Estas se dividen en consumo de kilowatts hora básico e intermedio. Actualmente en el Municipio se cobra a los ciudadanos la tarifa 1B por parte de la Comisión Federal de Electricidad, esta tarifa es aplicada a todos los servicios del país que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo, en localidades cuya temperatura media mensual, en verano, sea de 28 grados centígrados como mínimo, teniendo como base los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En nuestro Municipio las temperaturas registradas son mayores que las establecidas en la tarifa, ya que oficialmente llegamos a más de 31 grados centígrados en verano, por lo que se debe exigir a la Comisión Reguladora de Energía Federal, el cambio de tarifa, que beneficiaría directamente a todas las familias solidarenses quienes sufren de este desigual cobro. Este cambio vendría a apoyar a la reactivación económica del municipio, que tanta falta hace.
Por cierto, de manera proactiva el gobierno municipal debería hacer público el monto de los recursos que le deposita la CFE, producto del saldo del cobro directo de 2.5% sobre el consumo total que realiza a los ciudadanos por el Derecho al Alumbrado Público (DAP), y decir en que lo gasta, porque hasta donde sé, por no estar incluido en la Ley de ingresos, es de libre disposición y normalmente se eroga en lo que el presidente municipal decide unilateralmente.
Feliciano Sánchez
Consultor en Políticas Públicas Municipales.