Familiares de las víctimas de la masacre contra integrantes de la familia LeBarón solicitaron a una corte federal de Estados Unidos que les permita acceder a información sobre los bienes y activos de Ismael “El Mayo” Zambada, con el objetivo de utilizarlos para cubrir una indemnización por daños.
La petición fue presentada por el abogado John M. Eubanks, del despacho Motley Rice LLC, ante el juez Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, quien llevará el proceso de sentencia contra el fundador del Cártel de Sinaloa.
Los representantes legales de las familias buscan impedir que los recursos decomisados a Zambada queden exclusivamente bajo control del gobierno estadounidense y solicitan que las víctimas puedan reclamar parte de esos bienes conforme a la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés).
Abogados señalan posible relación entre Zambada y el Cártel de Juárez
En el documento presentado ante la corte, Motley Rice argumentó que “El Mayo” Zambada habría actuado como agente o instrumento del Cártel de Juárez, organización a la que se atribuye la operación del grupo armado conocido como “La Línea”, señalado como responsable de la emboscada ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora.
La masacre dejó nueve personas fallecidas, entre ellas tres mujeres y seis menores de edad pertenecientes a familias LeBarón y Miller.
Aunque el despacho reconoce que el ataque fue atribuido directamente al Cártel de Juárez, sostiene que Zambada habría proporcionado apoyo material mediante hombres y armas utilizados durante la agresión.
Las familias obtuvieron en 2022 una sentencia civil contra el Cártel de Juárez en Estados Unidos por los daños ocasionados, resolución que quedó registrada ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2023.
Solicitan conocer la declaración financiera de “El Mayo”
Los abogados de las víctimas cuestionaron que el gobierno estadounidense haya señalado que hasta ahora no existen bienes identificados de Zambada, al considerar que se trata de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo y que habría acumulado ganancias millonarias durante décadas.
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Zambada, el narcotraficante debía entregar al gobierno estadounidense una declaración financiera completa sobre sus bienes 60 días antes de la sentencia.
Por ello, los representantes de las familias solicitaron al juez Cogan:
- Emitir una orden preliminar de decomiso antes de la audiencia de sentencia.
- Permitir un proceso limitado para conocer información sobre los activos de Zambada.
- Ordenar al gobierno entregar, bajo reserva o medidas de protección, la declaración financiera del acusado.
- Garantizar que las familias mantengan sus derechos para reclamar bienes congelados bajo la ley TRIA.
- Informarles sobre cualquier activo asegurado o recurso obtenido del acusado.
Gobierno estadounidense busca quedarse con control de los recursos
El despacho Motley Rice señaló que el gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta de orden de decomiso en la que estableció que únicamente las autoridades federales tendrían derecho sobre los pagos realizados por Zambada como parte de la sentencia de decomiso.
Según los abogados de las víctimas, esa postura limitaría la posibilidad de que las familias puedan hacer valer la sentencia civil que obtuvieron contra el Cártel de Juárez.
La defensa de las familias afirmó que la interpretación del gobierno estadounidense contradice la posibilidad de que terceros afectados puedan reclamar activos relacionados con organizaciones sancionadas.
Sentencia de “El Mayo” está prevista para el 20 de julio
La solicitud fue presentada días antes de la audiencia en la que Brian Cogan dictará sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, programada para el 20 de julio de 2026.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Zambada aceptó el decomiso de bienes valuados en miles de millones de dólares.
El exlíder del Cártel de Sinaloa fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, después de ser trasladado desde México en una operación que, según autoridades mexicanas, no fue una entrega voluntaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el piloto que participó en el traslado fue Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, identificado como operador aéreo cercano a la facción de Los Chapitos.
La captura de Zambada provocó una disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que generó una ola de violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024. Con información de Serpientes y Escaleras