La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR)podría intervenir si se presentan denuncias contra elementos que participaron en la represión de la protesta por agua limpia del domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco.
La mandataria calificó los hechos como una “lamentable represión” y sostuvo que el gobernador Pablo Lemus debe explicar el comportamiento de los agentes de seguridad involucrados.
“En caso de que se presente una denuncia formal, pues ya estaríamos interviniendo (…) o más bien la fiscalía, si es que se presenta algo en la Fiscalía General de la República contra algún elemento que haya participado en esta, pues lamentable, lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”, declaró Sheinbaum este martes 13 de octubre.
La manifestación reunió a miles de personas que exigieron una solución al suministro de agua sucia y maloliente en Guadalajara y la zona metropolitana; frente a Casa Jalisco hubo enfrentamientos y policías utilizaron gases y chorros de agua para dispersar a los asistentes. El gobernador atribuyó la violencia a un supuesto “grupo de choque”, sin presentar pruebas, mientras que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció uso excesivo de la fuerza y empleo de balas de goma.
SIETE DETENIDOS SERÁN PRESENTADOS ANTE UN JUEZ
La Fiscalía de Jalisco informó que siete hombres detenidos durante la protesta fueron trasladados a los juzgados de control y oralidad de Puente Grande. Seis enfrentan señalamientos por lesiones dolosas, con la agravante prevista para agresiones contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública; el séptimo es señalado por desobediencia o resistencia de particulares. Las otras 32 personas detenidas, de un total de 39, fueron liberadas dentro del plazo de 48 horas para determinar su situación jurídica.
DENUNCIAN TORTURA Y OBSTÁCULOS PARA LA DEFENSA
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que participantes en la protesta y familiares de los detenidos presentaron quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Explicó que las autoridades federales revisan los casos junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para determinar los procedimientos correspondientes y documentar las posibles afectaciones individuales.
El CEPAD denunció presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias, además de obstáculos para que los abogados se entrevistaran con sus representados y conocieran los cargos. Su codirectora, Denisse Montiel Flores, afirmó que existen videos y otras evidencias para cuestionar las detenciones, a la vez que reportó dificultades para acceder a las carpetas de investigación y preparar una defensa adecuada.
La organización cuestionó que los detenidos sean responsabilizados por los hechos violentos y pidió garantizar sus derechos durante el proceso judicial. Montiel Flores, también señaló que un repartidor detenido, cuya aprehensión circuló en redes sociales, no participaba en la protesta, por lo que exigió investigar las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y presunta tortura. Con información de Animal Político