Con el fin de acabar con el “caos” que impera en la prestación del servicio de instalación y mantenimiento de elevadores en el estado, ayer el diputado local del PAN, Luis Susarrey, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Protección Civil de Nuevo León.
La reforma propone darle “dientes” a Protección Civil estatal y con esto a los municipios para que tengan facultades de ir a inspeccionar los elevadores en áreas mayores a los 1,500 metros cuadrados.
También pide que se obligue a las empresas a acudir a reparar los elevadores en máximo tres días y en la discusión del tema se agregará que tengan la capacidad instalada de personal y herramientas para atender dichas quejas y servicios.
La iniciativa la entregó en el Congreso Local para su estudio y dictamen.
“No hay un marco normativo local que faculte a Protección Civil a ejercer la inspección, control y vigilancia, y desde hace mucho tiempo muchos habitantes de Nuevo León se quejan sin poder encontrar una solución”, lamentó Susarrey.
Esto ocurre luego de que el viernes de la semana pasada, El Horizonte documentó el caos que predomina en el servicio en edificios de empresas y edificios de departamentos, incluyendo condominios, además de hospitales, hoteles, escuelas, centros comerciales, fabricas y oficinas.
Las quejas abundan cotidianamente por fallas y ascensores descompuestos, usuarios “atrapados” que quedan imposibilitados para salir pronto en emergencias o rumbo al trabajo y escuela, además de cuotas elevadas y falta de mantenimiento, sin que nadie se haga responsable y poniendo en riesgo a los habitantes.
También se ha denunciado la concentración del servicio en unas cuantas empresas.
El legislador reconoció que hay un vacío legal, es decir, no hay un marco normativo local que faculte a Protección Civil a ejercer la inspección, control y vigilancia en establecimientos habitacionales, comerciales o de usos mixtos que tengan elevadores.
Ante eso, pidió reformar el artículo 26 de la Ley de Protección Civil de Nuevo León para que esa dependencia pueda ingresar a edificios y sitios habitacionales, comerciales, industriales y de uso mixto a hacer supervisión, y a otros establecimientos que por su magnitud sean similares y que ocupen un área mayor a los 1,500 metros cuadrados.
De las facultades dadas a Protección Civil estatal, se derivarían obligaciones para Protección Civil de los municipios.
Y se busca obligar a los proveedores del servicio de instalación, operación y mantenimiento de
El legislador expresó que para el análisis de la propuesta se deberán hacer mesas de trabajo con autoridades y prestadores del servicio. Con información de el Horizonte