Derivado del crecimiento poblacional y la migración a las principales ciudades de Quintana Roo, uno de los fenómenos sociales que se registran en los últimos años, es la invasión de tierras nacionales.
Apenas el pasado viernes, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, para supervisar los trabajos del Tren Maya, los integrantes de la Asociación de Productores Rurales en Solidaridad, se manifestaron para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), agilizar los trámites de regularización.
Curiosamente, mientras la candidata a la gubernatura de Quintana Roo, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Mara Lezama Espinosa se comprometía a ser la principal gestora para continuar con la regularización de la propiedad en este municipio de Solidaridad, elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) aseguraban el rancho “El Andariego”, localizado al norponiente de este municipio, en la zona conocida como Santa Cecilia.
El aseguramiento del rancho, propiedad de Raúl Méndez Briseño, uno de los principales defensores de estas tierras, quien encabeza el Comité Selva Maroma, se realizó en extrañas circunstancias, como indicó el mismo afectado y que se mostró preocupado por las más de 80 cabezas de ganado que ahí tiene, así como puercos y gallinas.
Esto, al quedar clausurada el lugar, de modo que no se podrá ingresar ni para alimentar a estos animales.
“Llegó gente de la Fiscalía y Seguridad Pública, indebidamente entraron al rancho y desalojaron a los trabajadores, con la amenaza de llevárselos si no salían; intentaron que uno de mis trabajadores firmara un documento, que no permitieron leer, ni tomar foto para saber de qué se trataba”, expuso, “muchas cosas que no estaban claras y transparentes. Clausuraron el rancho en la entrada, y en la puerta de la casa pusieron un sello de la Fiscalía”.
“No sé que pretenden, el motivo por el cual actuaron de esta manera, de que me acusan, pero estos señores no pensaron en los más de 80 animales que hay, debieron ser conscientes en eso”.
En lo que va de este 2022, en diferentes puntos de la geografía municipal de Solidaridad, los propietarios rurales registran varios intentos de invasión. De hecho, para contrarrestar esto, en noviembre del 2021, colocaron un filtro a la entrada del camino que comunica a varias de estas comunidades, pero no ha sido suficiente para detenerlos.
En la manifestación del viernes pasado, Juan Carlos Cobos, presidente de la Asociación de Productores Rurales, informó que son más de 7 mil personas las que viven en estas tierras y piden su regularización.
“La Secretaría de la Reforma Agraria (hoy extinta) no ha podido cumplir con la necesidad y satisfacción de los terrenos nacionales, en los últimos tres sexenios, queremos que el presidente intervenga y que haga justicia social en Quintana Roo”, dijo, “tenemos más de 20 años con procedimientos de enajenación que no se han resuelto”.
En el caso de este martes, el afectado, mostró su extrañeza porque la justicia, por ahora, no se aplica contra quienes quieren arrebatarles sus tierras, sino contra quienes la trabajan, lo cual para Méndez Briseño, es una mala señal de lo que es la impartición de justica.
