El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad de Cancún, concedió a los integrantes del Colectivo Ciudadano Isla Cozumel la suspensión definitiva de la concesión del cuarto muelle, mediante el proyecto denominado Muelle Cozumel, Terminal Cruceros publicado el 5 de enero de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esto, el promovente del proyecto, no podrá realizar obra alguna, hasta en tanto se resuelva el juicio de
amparo, lo cual fue celebrado por la comunidad de esta ínsula que desde que se dio a conocer el proyecto lo rechazaron por los daños que representa para la zona arrecifal
Como se recordará, el “Título de concesión otorgado a favor de la empresa MUELLES DEL CARIBE, S.A.
DE C.V., para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona federal marítima para la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una Terminal Marítimo-Portuaria de cruceros, de uso particular, propiedad Nacional, ubicada en el Municipio de Isla de Cozumel, fuera de los límites del Recinto Portuario, en el Estado de Quintana Roo”, publicado en el DOF, generó reacciones que llegaron a los tribunales, no sólo en el ámbito social.
El 26 de enero de 2022, el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel interpuso, con el acompañamiento jurídico del Centro contra la Discriminación (CECODI) un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, a fin de lograr la suspensión de la obra, señalando como autoridades responsables a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), debido a que no fue respetado el “Derecho a la Ciudad” de las personas cozumeleñas y poner en riesgo el ecosistema de la isla.
El juicio de amparo fue radicado con el número de expediente 62/2022 del Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, a cargo de la juez Pamela López Swain quien, mediante auto de fecha 28 de enero de 2022, admitió la demanda en los términos propuestos y tuvo como tercero perjudicado a la empresa MUELLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V., concesionaria del mega proyecto.
En este sentido, la juez sentenció el pasado 11 de abril a favor del Colectivo Ciudadano.
Para ello, consideró que, con la suspensión otorgada, se evita un daño irreparable al medio ambiente, se conserva viva la materia del juicio y se permite una tutela efectiva del derecho fundamental al medio ambiente. Además, se observa el principio de precaución como uno de los ejes rectores en el derecho ambiental, así como al interés de la sociedad y a que en el caso los efectos de los actos reclamados pueden causar un daño irreparable al entorno adyacente del ecosistema en el que habitan las personas promoventes del amparo.
A criterio de la Juez, con la suspensión del acto se logra proteger al interés social, al existir un posible riesgo de vulneración o alteración al ecosistema (derecho al medio ambiente), razón por la que concedió la medida provisional de suspensión sin exigir garantía alguna a las personas quejosas.
Para el próximo 27 de abril se tendrá la audiencia constitucional aunque, de acuerdo al Colectivo Ciudadano, dicha audiencia se pospondrá.
