La magistrada Arely Reyes Terán, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, provocó una intensa polémica en redes sociales tras publicar comentarios sobre el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se quitó la vida después de denunciar que enfrentaba una acusación falsa de abuso sexual.
La controversia surge luego de que el docente difundiera un video de despedida en el que aseguró que las acusaciones en su contra eran falsas y atribuyó su decisión a la presión social derivada del caso. Tras conocerse el fallecimiento, Reyes Terán escribió en su cuenta de X: «Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes».
En este sentido, las publicaciones generaron cuestionamientos debido a que diversos usuarios señalaron que la magistrada emitió un juicio sobre la presunta responsabilidad del profesor cuando no existía una sentencia judicial que acreditara su culpabilidad, lo que abrió un debate sobre el principio de presunción de inocencia y el papel que deben asumir los integrantes del Poder Judicial en espacios públicos.
Responde a críticas y mantiene su postura
Después de la difusión de su mensaje, un usuario le recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, corresponde a la autoridad ministerial y judicial acreditar la responsabilidad de una persona y no anticipar conclusiones a través de opiniones públicas
En respuesta, la impartidora de justicia defendió su postura y escribió: «A las mujeres y niñas hay que creerles» y añadió: «Pues entre lo dicho por él y por la niña, yo le creo a la niña».
En otra publicación sostuvo: «Porque conozco el sistema y cómo opera la violencia contra las mujeres opino, si era inocente por qué hacerle más daño a la víctima?».
Reacciones en redes sociales
Las declaraciones generaron numerosas reacciones en X. Entre ellas, el empresario Arturo Castagné Couturier calificó las expresiones como «irresponsables», «faltas de respeto» y «carentes de sensibilidad», además de cuestionar que provinieran de una magistrada encargada de impartir justicia. También pidió que existieran consecuencias institucionales por las publicaciones.
La discusión se centró en el equilibrio entre la protección de las víctimas de violencia sexual y el respeto al debido proceso, así como en la obligación de los servidores públicos, particularmente quienes integran órganos jurisdiccionales, de preservar la imparcialidad y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como un juicio anticipado sobre asuntos que corresponden al ámbito de la justicia.
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Hasta el momento de esta publicación no se había informado sobre un posicionamiento oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla respecto a las expresiones difundidas por la magistrada en redes sociales. Con información de Sociedad Noticias
