Calizas Industriales del Carmen (CALICA), la empresa que fuera clausurada en mayo de este 2022 por el gobierno federal y que ha sido señalada constantemente por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por los daños ambientales que ha provocado por su actividad minera en Playa del Carmen, obtuvo un primer amparo por parte Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.
Esto, contra el Administrador Central de Apoyo Jurídico de la Dirección Jurídica de Aduanas, específicamente por la Emisión del oficio número DGJA.2022.1658 de fecha 10 de mayo de 2022, por medio del cual se ordenó la suspensión de operaciones y la discusión, aprobación y expedición del artículo 114-A, en particular (i) la fracción VI, y (ii) el segundo párrafo del artículo. Es decir, para evitar la suspensión de su permiso aduanero que la empresa tiene por tres años.
Fue en mayo cuando no sólo se suspendió este permiso, sino que se clausuró la operación de actividades en el muelle de Punta Venado (que tiene concesionado la transnacional); y la clausura del predio denominado «La Rosita», donde tiene la cantera de la cual extrae roca caliza y que es trasladada a diversos puntos desde esta terminal marítima.
Sin embargo, a pesar de que el juez otorgó una suspensión provisional, como se lee en el Expediente Único Nacional 30213028; y número de Expediente Asignado 552/2022; ya la autoridad judicial le había negado un amparo contra la orden de inspección número PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022, y que derivó en la clausura de las Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (PROFEPA) al predio “La Rosita”. Además de que fue sobreseído otro amparo promovido por la filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, para la operación de la terminal marítima.
Con esto, CALICA no podrá continuar sus actividades mineras en la región.
