Rubén Rocha Moya informó que hoy retomó su cargo como gobernador de Sinaloa a más de tres meses de que pidió licencia temporal para separarse del cargo, a pesar de que es investigado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, principalmente con el cártel de ‘Los Chapitos’.
En su cuenta de X, el mandatario estatal calificó como “un deber” retomar su cargo para completar con su mandato, que concluye el 31 de octubre del 2027.
“A las y los sinaloenses: A las y los mexicanos: El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador Constitucional del Estado Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027″, escribió en la red social.
En la misma publicación detalló que durante los más de tres meses que se ausentó del gobierno estatal estuvo a disposición del sistema de justicia de México para ser investigado por los señalamientos en su contra.
Sin embargo, aseveró que dichas acusaciones son falsas y fueron promovidas “sin ninguna prueba” por la ultraderecha nacional y extranjera, supuestamente con el objetivo de afectar a la soberanía nacional.
“Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional”, agregó.
Rocha Moya aseguró que durante su periodo de licencia no recurrió a su fuero constitucional “por convicción personal” y compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), destacando que posteriormente las autoridades informaron que no tienen “los mínimos elementos de prueba” sobre su presunta relación con el crimen organizado.
En este sentido, sostuvo que no ha cometido ningún delito, por lo que regresa al gobierno estatal “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad” de su lado.
“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país.
“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”, puntualizó.
El gobernador morenista consideró que con su regreso se “reafirma su biografía personal” y retoma su “participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación”.
“Así, se reafirma mi biografía personal identificada más que nada con el humanismo educativo, y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie; ahora y siempre defenderé, implacablemente y sin concesiones, mi honorabilidad y la de mi familia.
“Con alto orgullo, reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca, mi Gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa”, agregó.
Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sumándose a los señalamientos contra la oposición sobre presuntos ataques a la soberanía.
“Lo haremos, bajo el liderazgo de la Jefa del Estado Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria como son la Soberanía Nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano, frente a las asechanzas de intereses extranjeros, y a la felonía de la ultraderecha opositora”, concluyó.
Investigación contra Rocha Moya
El 2 de mayo pasado, Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa para enfrentar investigaciones de la FGR y tras señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
Rocha rechazó las acusaciones y afirmó que no existía prueba en su contra, mientras que la SRE confirmó haber recibido solicitudes formales de extradición de Washington.
Para el 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos no había presentado pruebas que sustentaran la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rocha Moya. Precisó que no había un juicio formal de extradición ni plazo legal para ejecutar una captura mientras no existieran evidencias suficientes.
El 7 de julio, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y la solicitud de aprehensión de Rocha Moya tensaron la relación bilateral México-Estados Unidos y reavivaron el debate sobre la soberanía nacional. El gobierno mexicano mantuvo su exigencia de pruebas sólidas para avanzar en cualquier proceso de extradición.
Posteriormente, el 9 de julio la FGR reconoció que mantenía abiertas siete investigaciones relacionadas con el caso “El Mayo” Zambada, incluyendo delitos de homicidio, secuestro, desaparición y presuntas irregularidades ministeriales.
Rocha Moya estaba entre los investigados, pero la FGR aclaró que solo atendía los delitos señalados por la parte estadounidense.
Para el 16 de julio de 2026, el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró que el país extraditaría a Rocha Moya si se presentaban pruebas suficientes.
La SRE reclamó a Washington la publicación anticipada de la acusación, lo que consideró una vulneración del debido proceso.
El 30 de julio de 2026, el congresista Carlos Giménez acusó públicamente a Morena de ser un “narcopartido” tras la imputación formal contra Rocha Moya. La acusación hecha por la Fiscalía de Estados Unidos incluyó cargos de conspiración para traficar drogas, cohecho y protección institucional al Cártel de Sinaloa. Rocha rechazó los cargos y Morena respaldó el debido proceso.
Al 11 de agosto de 2026, Sheinbaum reiteró que Washington seguía sin entregar pruebas y que México no tenía obligación legal de proceder sin evidencias.
Rocha Moya permaneció separado del cargo por decisión propia y el proceso legal no avanzó por falta de documentación probatoria. Con información de Infobae