Luego de que de que el Gobierno de México, a través de María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), entregara a la Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una denuncia contra la empresa Calizas Industriales del Carmen (CALICA), hoy llamada Sac Tun, debido al daño ambiental que ha provocado en Quintana Roo; la empresa dijo desconocer dicha denuncia.
«Nos enteramos de la existencia de una supuesta ‘denuncia’ en contra de la compañía ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el público en general. Lo anterior a pesar de nuestros reiterados planteamientos al más alto nivel del Gobierno de México para mantener un diálogo directo y constructivo», manifestó la empresa de capital estadounidense, en un comunicado.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había advertido a ésta de las acciones que se tomarían, si no desistía de su demanda y dejaba de extraer material de esta zona.
Y es que, cabe recordar, desde enero del 2019, CALICA a través de Legacy Vulcan presentó una denuncia contra el gobierno mexicano, en los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que tiene su sede en Washington, Estados Unidos.
El gobierno mexicano, a raíz de los trabajos del Tren maya en Quintana Roo, observó la magnitud del daño que han causado con la extracción de piedra caliza, y por eso propuso detenerlos a cambio de que se les apoye a desarrollar un puerto de cruceros.
«Al día de hoy no tenemos conocimiento de los señalamientos específicos de la supuesta ‘denuncia’ planteada por SEMARNAT, dado que el Gobierno de México no nos ha proporcionado una copia, pero podemos afirmar lo siguiente:
Vulcan Materials Company, propietaria de Sac-Tun (antes Calica), tiene más de 30 años operando de manera legal y acorde con los ordenamientos medioambientales de los tres niveles de gobierno. Nuestras operaciones en Quintana Roo, México han sido supervisadas de manera regular y constante durante décadas por SEMARNAT y PROFEPA sin objeciones sustantivas y otorgando Certificados de Industria Limpia por varios años. Además, diferentes instituciones gubernamentales mexicanas nos han otorgado todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Lo que el Gobierno de México llama falsamente ‘destrucción ambiental’ es el mismo impacto, que en su momento, el propio gobierno evaluó, autorizó y lo consideró aceptable», replicó la empresa.
«La decisión del Gobierno de México de plantear una supuesta ‘denuncia’ ante una institución internacional que no está especializada, ni tiene ámbito de competencia en la materia, es objetable desde varios puntos de vista.
Seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN, el cual no se ve afectado por la supuesta ‘denuncia’ del Gobierno de México, agregó.
Por ahora, ninguna de las partes en conflicto pretende ceder y por ello el pleito legal podría prolongarse, en espera de que estos tribunales internacionales den la razón a uno de ellos.
