Sheinbaum descarta que Andy López Beltrán y Adán Augusto aparezcan en las líneas de investigación por huachicol fiscal

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantuvieran investigaciones abiertas contra Andrés (Andy) Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Durante su conferencia matutina en Guadalupe, Zacatecas, sostuvo que las indagatorias vigentes se concentraban en redes de contrabando de combustibles y en esquemas para evadir impuestos, no en esas dos figuras políticas.

La mandataria explicó que una de las pesquisas más avanzadas surgió por un buque detenido el año pasado en Tampico. La embarcación ingresó con documentos que declaraban “naftas”, pero un análisis de laboratorio solicitado por la aduana permitió establecer que en realidad transportaba diésel.

 

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Sheinbaum dijo que ese hallazgo conectó con otras indagatorias previas de la Fiscalía y abrió una ruta más amplia sobre el ingreso de combustibles al país sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También señaló que, a partir de ese caso, se identificó una red que operaba desde Estados Unidos y distribuía el producto en gasolineras nacionales.

La respuesta de la presidenta fue directa ante los señalamientos que habían colocado los nombres de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán alrededor de ese expediente: hasta donde le había informado la Fiscalía, no existía ninguna investigación contra ellos. Añadió que la autoridad competente para confirmarlo o descartarlo formalmente era la propia FGR.

La ruta del combustible ilegal incluyó puertos, ferrotanques y gasolineras

Sheinbaum detalló que la investigación sobre el buque en Tampico no fue el único frente abierto. También describió una segunda línea centrada en ferrotanques que ingresaban por la frontera terrestre, en particular por Piedras Negras, con permisos falsos que ocultaban cargas de gasolina o diésel.

Según explicó, ese mecanismo consistía en declarar sustancias distintas a los combustibles para evitar impuestos y controles. Esa línea llevó a pesquisas sobre la empresa Ingemar y derivó en la detención del exgobernador Rufo, a quien mencionó como parte de las consecuencias de esas averiguaciones.

La presidenta también habló de una tercera vertiente relacionada con el robo de hidrocarburos en ductos internos de Pemex. En ese punto, indicó que el gobierno federal había mantenido coordinación entre el SAT, la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina para frenar tanto el contrabando como el robo de combustible.

Su explicación buscó separar las investigaciones penales en curso de los nombres que habían aparecido en testimonios o versiones difundidas alrededor del caso. El eje de las indagatorias, insistió, estaba en las redes de importación ilegal, el uso de documentos falsos, la evasión fiscal y la distribución de combustibles en el mercado nacional.

La presidenta remitió a la Fiscalía la validez de los testimonios

Al referirse a las menciones de personajes públicos en audiencias judiciales, Sheinbaum reconoció que en un testimonio alguien podía señalar nombres. Pero aclaró que ese dicho, por sí mismo, no significaba la apertura automática de una investigación formal.

La presidenta sostuvo que correspondía a la FGR analizar si esos testimonios tenían validez y si estaban respaldados por pruebas. Bajo ese criterio, remarcó que no bastaba con una mención en audiencia para concluir que existiera una carpeta contra Adán Augusto López o Andrés López Beltrán.

 

 

La presidenta añadió que, si fuera necesario, la secretaria Raquel Buenrostro podría ofrecer información adicional sobre ese componente administrativo. Con esa referencia, diferenció nuevamente las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción de las facultades penales que recaían en la Fiscalía.

Otro de los puntos que expuso fue el papel de la Secretaría de Marina en el origen de las averiguaciones. Señaló que esa dependencia detectó irregularidades en la documentación del buque, promovió denuncias y aportó información sobre cómo funcionaba la red de contrabando.


Sheinbaum ubicó esos hechos dentro de investigaciones que venían desde la administración pasada. No presentó nuevos nombres de responsables fuera de los ya mencionados en las líneas de indagación y se limitó a reiterar que la Fiscalía debía informar sobre cualquier avance formal.

Con información de Infobae