Chihuahua.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) requerirá de por lo menos 6 meses para recibir el dictamen de los estudios y el peritaje antropológico que expondría la viabilidad o no de otorgar derechos de libre determinación a la comunidad LeBarón, equiparables a las de las comunidades indígenas según el Artículo 2 Constitucional.
Así lo informó la magistrada presidenta del IEE, Roxana García, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) decidiera que sería la instancia estatal la que defina la resolución del caso, sin embargo, hasta ayer no habían sido notificados.
El Artículo 2 Constitucional establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen libre determinación y autonomía para definir sus formas internas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural, y derecho para regirse a través de sus propios sistemas normativos para la resolución de sus conflictos internos.
“El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón estableció en su proyecto que somos competentes porque algunos de los derechos que se manejan en comunidades tribales, sí son electorales, esa es la justificación que en proyecto se da, y entonces la equiparan ara efectos de jurisprudencia y de precedentes como una comunidad indígena”, explicó García Moreno.
Desde el término de la sesión del órgano superior, personal del Tepjf estableció contacto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución con la que se debe hacer un convenio, aunque analizan la posibilidad de realizar estudios con Conacyt, UACh, UACJ y otras instituciones académicas.
De acuerdo con lo establecido en la orden de la Sala Superior, como referencia los magistrados del TEE deberán tomar en cuenta dos peritajes antropológicos, dictámenes etnográficos y opiniones especializadas en materia jurídica antropológica, además de comparecencias, visitas a la comunidad y recepción de opiniones a través de la figura amicus curiae (amigos de la corte), entre otras.
Tan sólo el trámite del convenio con el INAH duraría de 4 a 6 meses, según la respuesta que obtuvieron por parte del personal, más lo que duren los trabajos de campo, análisis, discusión y la definición del Tribunal Estatal.
El ponente de la sentencia, magistrado Julio César Merino, es el instructor que dará seguimiento al asunto que podría generar jurisprudencia y antecedentes para posibles solicitudes posteriores de la comunidad mormona, menonita y minorías de migraciones recientes.
Con información del Diario