El afán de ganar las elecciones del próximo 2 de junio prácticamente está dejando a los regiomontanos “sin gobernantes”.
Y es que, entre los exfuncionarios que andan en campaña, los demás que les operan, e incluso los que prefieren no realizar acciones o programas para no correr riesgos, se termina minando severamente la propia gobernanza de los distintos poderes y niveles de gobierno de Nuevo León.
Lo anterior ocurre desde el Congreso local hasta las siete principales alcaldías metropolitanas, dejando vacíos en el seguimiento de proyectos prioritarios e incluso abren el riesgo de desvío de recursos humanos para fines electorales.
El ejemplo principal es el Legislativo, donde las sesiones están paradas por pleitos políticos y además porque 33 de los 42 diputados pidieron licencia para hacer campaña.
Incluso recientemente los legisladores modificaron sus horarios de sesión para terminar más temprano y tener las “tardes libres” para dedicar más tiempo a eventos proselitistas.
Los principales asuntos que el Congreso local mantiene en cartera sin resolver son: la selección los fiscales general y anticorrupción, el nombramiento de un ministro del Poder Judicial y restablecer el Comité Anticorrupción, así como las modificaciones a la Ley del Medio Ambiente solicitadas por el gobernador Samuel García a fin de combatir la contaminación de la refinería de Cadereyta.
Al respecto el analista político Javier Ponce de la organización civil Visión Rescate México Nuevo León 24, apunto que las suplencias en el congreso no son garantía de que los asuntos alcancen trámite, debido a que además del “chapulineo” se presenta otro fenómeno: la parálisis legislativa para evitar polémica.
“Ya de por sí en México tenemos una cultura afectada de que en los periodos electorales los congresos dejan de tomar decisiones importantes porque están en el proceso electoral y no quieren arriesgar aprobando leyes o emitiendo decretos que pudieran ser polémica y que le afectaran al partido en turno”, indicó Ponce.
DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS NO ESCAPAN AL FENÓMENO
En diversas dependencias estatales y en las siete principales alcaldías de la metrópoli regia, el riesgo de gobernanza también se asoma. En el primer caso, porque quienes eran los titulares de Medio Ambiente, Igualdad e Inclusión y Desarrollo Social y Agropecuario solicitaron licencia para contender por cargos. En el mismo orden, Félix Arratia busca la alcaldía de Juárez, Martha Herrera la senaduría y Marco González contiende por una diputación federal.
En tanto, en las siete principales alcaldías metropolitanas la búsqueda de las actuales administraciones y fuerzas políticas de perpetuar su estadía quita el ‘piso parejo’ a los candidatos, advierte la activista social y experta en política Liliana Flores Benavides.
“De entrada, esto no pone la contienda en igualdad de circunstancias con los otros candidatos, porque el candidato que quiere reelegirse puede utilizar recursos humanos del municipio para hacer su campaña e incluso recursos económicos”, explicó.
Y añadió que esta situación implica el riesgo de que las actuales administraciones dispongan sus propios recursos humanos, distrayendo a los burócratas de su ejercicio de servicio público.
“Si se desvían recursos económicos para la campaña o recursos humanos, hay una distracción para que el municipio pueda seguir gestionando o pegando y haya una función funcionalidad en su desempeño ahí. Yo veo un riesgo y si les distraen las elecciones de entrada”, agregó.
Las alcaldías de los siete principales municipios metropolitanas están divididas en tres categorías de foco electoral, la primera es la predilección, en la que alcaldes en funciones manifestaron previamente su favoritismo por determinadas candidaturas.
Tal es el caso del alcalde priista César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, cuyo hijo, César Garza Arredondo es el abanderado del mismo partido a la alcaldía, así como el caso del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de manifestación independiente, quién es cercano a Vivianne Clariond, actual candidata sin partido para alcaldía de dicho municipio.
También están los casos de reelección: Jesús Nava con la bandera de Movimiento Ciudadano por Santa Catarina, Daniel Carrillo por el PAN para San Nicolás y Andrés Mijes Llovera por Morena.
La tercera categoría corresponde a los casos de Guadalupe y Monterrey, en donde las fuerzas políticas que actualmente gobierna buscan perpetuar su marca.
En el caso de Guadalupe, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscan no perder los 21 años consecutivos en el poder, y, en el caso de Monterrey, Movimiento Ciudadano busca continuar el escaño ganado hace tres años que, para el creciente partido, resultó significativo a nivel nacional y representó una dura derrota para las fuerzas políticas tradicionales. Con información de el Horizonte
